Hola estimado lector,
Mi nombre es José y soy abogado especializado en el análisis y el estudio de la ley. Hoy quiero compartir contigo algunos pensamientos y conocimientos acerca de un tema fundamental en nuestro estado de derecho: el sometimiento de la administración a la ley y al derecho. Este principio es el pilar sobre el que se sustenta todo nuestro sistema jurídico. A continuación, desglosaré este concepto mediante distintos subtemas que considero serán de tu interés y que te ayudarán a comprender mejor la dimensión y la importancia de este fundamento.
El principio de legalidad
El principio de legalidad es el que impone que todos los actos y resoluciones de la administración pública deben estar fundados y motivados con arreglo a la ley. Ninguna actuación administrativa puede ser arbitraria o carecer de base legal. Esto garantiza que la actuación administrativa sea predecible y controlable, lo que a su vez protege los derechos de los ciudadanos.
Este principio se encuentra consagrado en numerosos textos legales, entre los que destaca la Constitución Española, que en su artículo 9.3 establece la obligatoriedad de todos los poderes públicos de someterse a la ley y al derecho.
Control jurisdiccional
El control jurisdiccional es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y otros actores pueden cuestionar y controlar las decisiones de la administración pública. Este control es ejercido por los tribunales de justicia, los cuales tienen la potestad de revisar la legalidad de los actos administrativos y, en su caso, de anular aquellos que no se ajusten a la ley.
El recurso contencioso-administrativo es el principal instrumento a través del cual se ejerce este control. Este recurso permite poner en conocimiento del juez los actos de la administración con el fin de que se declare su validez o nulidad según proceda.
La responsabilidad patrimonial de la administración
La responsabilidad patrimonial es otro mecanismo que asegura el sometimiento de la administración a la ley y al derecho. Según este principio, la administración pública está obligada a indemnizar a los ciudadanos por los daños y perjuicios que sufran como consecuencia de su actividad, cuando esta sea calificada como ilícita.
Este tipo de responsabilidad se encuentra regulado también en la Constitución y en diversas leyes, como la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La posibilidad de reclamar indemnizaciones es un poderoso incentivo para que los órganos administrativos actúen de manera diligente y ajustada a la legalidad.
Transparencia y acceso a la información
La transparencia administrativa es otro aspecto crucial que garantiza el sometimiento de la administración a la ley y al derecho. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y obliga a los organismos administrativos a proporcionar dicha información de manera proactiva.
Esta transparencia permite a cualquier ciudadano conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y cuál es el fundamento legal de estas actuaciones. De esta manera, se fomenta un ambiente de control y fiscalización permanente.
Incompatibilidades y conflictos de interés
Otro aspecto que garantiza la legalidad de la actuación administrativa es el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés. Las leyes establecen diversas restricciones para asegurar que los servidores públicos actúen con objetividad e imparcialidad, evitando así cualquier tipo de comportamiento indebido.
Estas restricciones se aplican tanto en el ámbito local como estatal e incluso europeo, abarcando desde altos cargos hasta personal de base. El objetivo es claro: garantizar que los intereses públicos se gestionen siempre por encima de intereses privados.
Procesos de selección y contratación pública
El sometimiento de la administración a la ley se refleja también en la escrupulosa regulación de los procesos de selección y contratación pública. Las normas de concurso y licitación pública están diseñadas para prevenir la arbitrariedad y asegurar que los contratos administrativos se adjudican bajo criterios de legalidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
La Ley de Contratos del Sector Público especifica los procedimientos a seguir para garantizar la correcta utilización de los recursos de los ciudadanos y ofrecer garantías jurídicas tanto a los licitadores como a la propia administración.
Mecanismos de participación ciudadana
Finalmente, el principio de sometimiento a la ley y al derecho también implica la participación activa de los ciudadanos en la vida pública y el derecho a la audiencia en los procesos administrativos. La Ley de Procedimiento Administrativo Común reconoce diversos mecanismos de participación, desde la consulta pública hasta la posibilidad de presentar alegaciones y recursos.
Este tipo de participación no solo enriquece el proceso de toma de decisiones sino que también añade una capa adicional de control y fiscalización sobre la actuación administrativa.
Espero que este artículo te haya proporcionado una visión más clara del principio de sometimiento de la administración a la ley y al derecho. Si deseas mantenerse al día con las últimas novedades jurídicas, te invito a suscribirte a nuestra Newsletter gratuita de alertas del BOE. ¡Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna actualización importante!