¡Hola a todos los lectores de Boletin.ai!
Mi nombre es José, soy abogado y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en el ámbito de la contratación pública en España: la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta ley es de sumo interés para todas aquellas personas que se desenvuelven en el entorno de la gestión pública y las licitaciones. Nuestro objetivo en este artículo es desmembrar diversos aspectos relevantes de esta normativa, proporcionando un esquema organizado y comprensible.
Objetivos de la Ley 9/2017
Uno de los principales objetivos de la Ley 9/2017 es incrementar la transparencia en la contratación pública y asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos. Esta normativa busca reducir las irregularidades en el proceso de contratación y fomentar la competencia leal entre las empresas licitadoras.
Ámbito de Aplicación
La Ley 9/2017 se aplica a todos los contratos celebrados por las administraciones públicas y otros entes, organismos y entidades del sector público. Su ámbito de aplicación abarca desde los contratos de obras y servicios hasta los contratos menores, pasando por concesiones y suministros.
Tipos de Contratos
Esta normativa clasifica los contratos en varias categorías, las principales son:
- Contratos de obras: Comprenden aquellos destinados a la ejecución de un trabajo específico, como la construcción de infraestructuras.
- Contratos de suministros: Incluyen la adquisición de bienes muebles, como material de oficina, equipos informáticos, etc.
- Contratos de servicios: Se refieren a la prestación de servicios por parte de empresas especializadas, como servicios de consultoría, mantenimiento, etc.
- Contratos mixtos: Combinan elementos de las categorías anteriores y se regulan con criterios específicos establecidos en la normativa.
Procedimientos de Adjudicación
Para garantizar la transparencia y la libre competencia, la Ley 9/2017 establece varios procedimientos de adjudicación que varían según la naturaleza y el importe del contrato. Entre los más destacados se encuentran:
- Procedimiento abierto: Cualquier empresa interesada puede presentar una oferta.
- Procedimiento restringido: Solo pueden presentar oferta las empresas seleccionadas previamente tras una fase de preselección.
- Procedimiento negociado: La administración negocia directamente con una o varias empresas en circunstancias específicas.
- Diálogo competitivo: Se utiliza en casos de contratos complejos en los que no se puede definir claramente la solución técnica a priori.
Criterios de Adjudicación
La Ley 9/2017 promueve el uso de criterios objetivos y medibles para la adjudicación de contratos. Además, prioriza la relación calidad-precio en lugar de otorgar el contrato exclusivamente a la oferta con el precio más bajo. Los criterios de adjudicación pueden incluir:
- Calidad técnica de la oferta
- Compromiso ambiental y de sostenibilidad
- Condiciones laborales ofrecidas al personal
- Plazo de ejecución
Obligaciones de Transparencia
Un punto clave de la Ley 9/2017 es la obligación de transparencia. Esto implica que las administraciones públicas deben publicar en la plataforma de contratación del sector público información detallada sobre los procedimientos de contratación, incluyendo los pliegos de condiciones, las actas del proceso y los resultados de las adjudicaciones.
Recursos y Reclamaciones
Por último, la normativa establece mecanismos claros y accesibles para que las empresas puedan presentar recursos y reclamaciones en caso de detectar irregularidades en el proceso de contratación. Estos procedimientos buscan garantizar la equidad y justicia en la adjudicación de contratos públicos.
Espero que esta guía sobre la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público haya sido de utilidad para entender los aspectos esenciales de esta normativa tan relevante. Si deseas estar al tanto de todas las novedades y actualizaciones legales, ¡no dudes en suscribirte a nuestra Newsletter gratuita de alertas del BOE!
