Saludos cordiales a todos los lectores de Boletin.ai, soy José, un abogado especializado en leyes, y hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en la administración pública de España: los plazos establecidos por la Ley 39/2015. Este artículo tiene como objetivo desglosar y clarificar los diferentes plazos que se indican en dicha legislación para que sean comprensibles y útiles para cualquier persona interesada en la materia.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha venido a unificar, racionalizar y simplificar los distintos procedimientos administrativos. Sin lugar a dudas, conocer los plazos burocráticos es esencial para cualquier ciudadano o profesional que interactúe con la administración.
Plazos Generales y Especiales
La Ley 39/2015 establece dos tipos de plazos: Generales y Especiales. Los plazos generales son aquellos que se aplican a la mayoría de los procedimientos, mientras que los plazos especiales están determinados para situaciones específicas que la misma ley establece. Esta dualidad es fundamental para entender cómo y cuándo se deben realizar las acciones pertinentes.
En la mayoría de los casos, los plazos comunes suelen ser de 10 a 30 días hábiles, dependiendo de la complejidad y naturaleza del procedimiento. Sin embargo, es importante revisar cada caso en particular para no cometer errores administrativos.
Plazos para la Presentación de Alegaciones, Recursos y Solicitudes
Muy vinculados a los trámites administrativos están los plazos para la presentación de alegaciones, recursos y solicitudes. El artículo 112 de la ley establece un plazo de 1 mes para interponer recursos de alzada y de 2 meses para interponer recursos contencioso-administrativos desde la notificación del acto impugnado.
Es crucial no solo para administrados, sino también para los abogados, respetar estos plazos para evitar la inadmisibilidad de sus solicitudes y recursos. Una buena práctica es siempre dejar un margen de tiempo ante cualquier eventualidad que pueda retrasar la presentación.
Plazos para la Resolución de Procedimientos Administrativos
La normativa también establece plazos estrictos para que las administraciones públicas resuelvan los procedimientos iniciados a petición del interesado o de oficio. Según el artículo 21, en general, el plazo máximo para notificar la resolución expresa es de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley disponga otro plazo o lo indique el propio procedimiento.
Para situaciones en las que no se cumplan estos plazos, la ley prevé reglas sobre el silencio administrativo, las cuales resultan en la aceptación o rechazo tácito de la solicitud, dependiendo del tipo de procedimiento.
Plazos para la Ejecución de Resoluciones
Una vez que se ha dictado una resolución, el siguiente paso es su ejecución. La administración tiene diferentes plazos para ejecutar las resoluciones, los cuales también están regulados por la Ley 39/2015. Según lo estipulado, los plazos pueden variar considerablemente dependiendo del carácter de la resolución.
Para resoluciones favorables al interesado, el tiempo de ejecución se encuentra generalmente en un margen de 1 a 3 meses, aunque este término puede ser modificado por normativa específica.
Suspensión y Ampliación de Plazos
La ley también contempla situaciones donde los plazos pueden ser suspendidos o ampliados. Según el artículo 32, se puede suspender un plazo administrativo cuando se necesite información adicional de otras administraciones o cuando se recurra a informes preceptivos y determinantes.
Por otro lado, los plazos pueden ser ampliados de forma discrecional siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen y no se perjudiquen derechos de terceros. El artículo 33 fija criterios bastante estrictos para estas ampliaciones, asegurando así su justa aplicación.
Plazos Especiales en Materia de Responsabilidad Patrimonial
Una mención especial merece el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, regulado en el Título V de la Ley 39/2015. Para estos casos, los interesados tienen un plazo de un año desde la ocurrencia del hecho o acto que motive la indemnización.
El plazo de resolución de estos procedimientos es de 6 meses, y, si este vence sin que haya resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.
Duración Máxima de los Procedimientos
Es importante también conocer que no todos los procedimientos tienen el mismo plazo de duración. La Ley 39/2015 establece que la norma reguladora del procedimiento puede fijar distintos plazos dependiendo de la naturaleza del proceso. No obstante, ningún procedimiento puede exceder de 18 meses salvo que una norma con rango de ley disponga lo contrario.
Computo de Plazos
Finalmente, el cómputo de los plazos es una de las áreas más técnicas y delicadas en la práctica administrativa. La ley distingue entre días hábiles e inhábiles, estableciendo que los días hábiles se consideran de lunes a viernes, excluyendo festivos nacionales, autonómicos y locales.
Además, el artículo 30 detalla que los plazos señalados por meses o años se cuentan a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto en cuestión, concluyendo el último día del término estipulado.
Espero que este artículo haya sido de utilidad para comprender mejor los plazos en la Ley 39/2015. Si desean mantenerse informados sobre más novedades y recibir alertas del BOE, no duden en suscribirse a nuestra Newsletter gratuita. ¡Estaremos encantados de tenerles con nosotros!